EL JUICIO DE AMPARO.AYER Y HOY.

Joaquín Ortega Arenas. La protección constitucional en contra de los abusos del poder, eterna plaga que sufrimos los mexicanos desde que somos mexicanos fue objeto en el Siglo XIX, de estudio y legislación, primero por el Congreso del Estado de Yucatán, encabezado por Manuel Crescencio Rejón que lo trajo a nivel Federal cuando en el año de 1840, unido a diversas proposiciones para la búsqueda de la democracia en la elección, ( no nombramiento como se usaba y se sigue usando hasta la fecha ) de los individuos integrantes de los Poderes de la Unión. Propugnaba además por una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial. Los sueños de Rejón, no progresaron y no solo eso, lo obligaron a retirarse triste y amargado de la política. Antonio López de Santa Anna, sin duda alguna el ideólogo más notable del Estado Mexicano, se encargó de dar al traste con las ilusiones de Rejón. Primero, con la monopolización de la impartición de justicia por la Federación , a su vez representada en nuestro País por el Señor Presidente de la República. Cualquier tribunal de la República tiene facultades para impartir justicia, pero la Federación tiene facultades para revocar cualquier sentencia de los tribunales de la República , vía “juicio de amparo” que debe resolver y resuelve el Poder Judicial Federal, alguna vez electo por voto directo , pero desde el gobierno de otro de nuestros próceres de la democracia, Victoriano Huerta, designado por el señor Presidente de la República y dependiente económicamente del Poder Ejecutivo Federal, presidido por el señor Presidente de la República. En segundo lugar, el mismo ínclito y perverso personaje motejado como “quince uñas” por carecer de una pierna, literalmente “castró” el juicio de amparo. Una ley o cualquier acto declarado inconstitucional, solo protege a quién solicitó el amparo. Para todos los demás mexicanos, sigue siendo constitucional y perfectamente legal el acto que la justicia federal declaro ilícito, y su ejecución o comisión, (que en cualquier otro País sería delictuosa ) aquí, es perfectamente legal. Muy a pesar de la grotesca situación planteada por el Once Veces Presidente de la República , el poder judicial cuyos miembros eran electos democráticamente primero, y designados después de 1914, tuvo una relevante actuación, generalmente apegada a la constitución. Conozco de cierto, una ejemplar conducta de diez de los once ministros que integraban el Suprema Tribunal en tiempos del Presidente Lerdo de Tejada. Se les dio consigna de conceder un amparo a Manuel Romero Rubio, por unos terrenos ubicados allá por el oriente de la ciudad, entonces casi desérticos y,…lo negaron en una clara votación en la que solo el Presidente de la Suprema Corte Ignacio L. Vallarta votó en contra. El Señor Presidente, indignado, no faltaba mas, ordenó que la tropa “sitiara” literalmente el recinto en el que dentro del mismo Palacio Nacional funcionaba el Tribunal, hasta que los ministros revocaran su fallo. Permanecieron “presos” mas de veinte días… y no revocaron nada. En el año de 1930, el Presidente “desterró” a Don Luis Cabrera, violando la suspensión que en contra de ese acto había concedido un Juez de Distrito, y los ya dieciséis ministros de la Suprema Corte amenazaron con renunciar a sus cargos si esa suspensión no era obedecida y Don Luis Cabrera volvía al País. Obviamente, el destierro se revocó y la suspensión fue respetada. Día a día, pero fatalmente, el juicio de amparo ha venido perdiendo eficacia y prestigio, Día con día aumenta el número de Juzgados de Distrito que, tal parece que por consigna, repetida a partir del año 2000, como cascada ha anulado el juicio de amparo. De cada cien demandas que se presentan, noventa son materia de “aclaración” con la amenaza casi siempre cumplida de que si no se “aclaran” al gusto del señor Juez, se desechan. Las que sobreviven a ese ilícito tratamiento, dan lugar en uno de cada diez casos, a un sobreseimiento o una negativa. La Suprema Corte declara con frecuencia que esto se debe al abuso que se ha hecho del juicio de amparo. Nosotros afirmamos, sin lugar a equivocarnos, que lo que ha proliferado es el abuso de las autoridades en perjuicio de los gobernados, abuso del que se ha convertido en cómplice obligado el Poder Judicial Federal. Los abusos del Poder Público, cualquiera que sean, son legales. Las protestas y amparos en su contra, son ilegales. El alza permanente de IMPUESTOS, agobia al pueblo, pero no hay amparo en su contra. No faltará causa, real o inventada, que determine la negativa o el sobreseimiento de los juicios de amparo que los perjudicados inútilmente solicitan. La consigna genera corrupción, y la compraventa de “justicia” se ha vuelto un pingüe negocio para todo tipo de autoridades judiciales. Afortunada y desgraciadamente, ese tipo de justicia no es muy duradera, pero la recuperación de la decencia y el decoro generalmente van acompañados de convulsiones sociales funestas.